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La alcaldesa informa al pleno de la sentencia del TSJA que obliga al Ayuntamiento a pagar 4 millones de euros por unos terrenos no expropiados
Viernes, 26 de Mayo de 2017 11:33

Pleno sentenciaLa alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, ha dado cuenta al pleno de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al Ayuntamiento a pagar 2.669.000 euros -más los correspondientes intereses de demora, que elevan el pago a 4 millones- por la expropiación de unos terrenos que fueron recalificados en 1996 y clasificados nuevamente en 2011.
En el pleno, la alcaldesa ha presentado el informe elaborado por los servicios jurídicos municipales en el que se recogen todos los documentos del expediente y las acciones realizadas por el Ayuntamiento con relación a los terrenos, situado en la finca conocida como Las Torrecillas.
De acuerdo con el informe, en 1996, el equipo de gobierno que presidía Ramón Palacios aprobó la modificación puntual de las normas urbanísticas para reclasificar una parcela situada al sur de la carretera de El Centenillo, de 21.000 metros cuadrados de suelo rústico, en urbano, con carácter de sistema general para uso deportivo a obtener por vía de expropiación.


Tres años más tarde, en 1999, la zona calificada aumenta a 40.300 metros cuadrados por una nueva modificación puntual. Años más tarde, en 2011, con la adaptación de las Normas Subsidiarias a la Ley Orgánica de Urbanismo de Andalucía (LOUA), el equipo de gobierno de ese momento decidió convertir esa parcela en suelo urbano consolidado. Sin embargo, se trata de una parcela en la que hay 500 olivos y que no tiene ni calles delimitadas, ni acometidas para suministro eléctrico o de agua.
Mientras tanto,en 2005, la propietaria insta a que se proceda a la expropiación de los terrenos, una solicitud a la que nos consta respuesta municipal. Un año más tarde, la propiedadpide a la Comisión Provincial de Valoraciones que inicie el expediente para fijar unjustiprecio. La comisión pide a la interesada que complete el expediente y, ante su falta de respuesta, lo archiva.
Sin embargo, en 2010se inicia el expediente de expropiación y la denunciante presenta a la comisión una hoja de aprecio en la que valora en 4.928.000 euros por los terrenos, en los que existen 500 olivos. El Ayuntamiento no aporta ningún documento contradictorio y la comisión fija, a finales de ese año, el valor de la finca en 1.519.108,50 euros.
El fallo del TSJA responde al recurso contencioso administrativo interpuesto por la propietaria contra la valoración de la comisión.La demandante encargó dos tasaciones a una perito que determinó un valor de los terrenos en 4.784.362,40 euros, en 2006, y de 1.930.202,90 euros, en 2010. En abril de 2015 el tribunal pide a las partes que soliciten aclaraciones pero el Ayuntamiento en ese momento no tenía designado representante legal ni aportó prueba alguna durante el procedimiento.
La alcaldesa ha explicado que tras su toma de posesión, al ser informada por los servicios jurídicos municipales y"dada la gravedad, designé letrado para continuar un pleito que ya se encontraba en la fase de conclusiones y sentencia", por lo que solo cabía informe de aclaración. Aun así "se cita a testificar a la perito que realiza el informe y se ponen de manifiesto irregularidades recogidasen el proceso de valoración, por eso el precio se queda en 2.699.019,16 euros, no en los 4.928.001,75 euros que pedía la demandante".
Así las cosas, la alcaldesa ha señalado que ya ha pedido a los técnicos municipales que valoren las medidas que puede adoptar el Ayuntamiento ante esta situación y dadas las dificultades para afrontar el pago de una deuda que, con los intereses de demora acumulados, supera los 4 millones de euros. Además ha admitido el ruego del PINP para crear una comisión que investigue lo ocurrido y ha puesto a disposición de los grupos todo el expediente que recoge los pasos administrativos y judiciales del proceso.